Los BOMs siguen siendo una de las principales herramientas utilizadas por la autoridad durante las auditorías, revisiones de gabinete y requerimientos de información. Sin embargo, durante el último año hemos observado que, en su búsqueda de una mayor trazabilidad de las mercancías, la autoridad ha incrementado el nivel de detalle de sus revisiones, incorporando validaciones adicionales o criterios más estrictos que los utilizados en años anteriores, algunos de los cuales no necesariamente son compatibles con la configuración y funcionamiento de los sistemas de Anexo 24 de las empresas.
El primer punto es la validación de la existencia de los BOMs. Esta revisión consiste en verificar que todas las descargas reflejadas en el reporte cuenten con un BOM que respalde los consumos correspondientes. La diferencia respecto de las revisiones de años anteriores es que la autoridad está solicitando identificar un BOM incluso para aquellas operaciones en las que las mercancías se descargan en su mismo estado. Por ejemplo, para el número de parte MP-1, espera encontrarlo tanto en el registro de materia prima como en el de producto terminado, con un factor de consumo de 1.
Otro aspecto relacionado con la trazabilidad es el uso de números de parte agrupados por familias o equivalencias. En estos casos, algunos sistemas permiten configurar que, cuando el número de parte A no cuenta con saldo disponible, la descarga se realice utilizando el número de parte B, previamente identificado como equivalente. No obstante, cuando el sistema no permite reflejar esta relación en el reporte de BOMs, la autoridad puede identificar inconsistencias entre la estructura de materiales y las descargas efectuadas, aun cuando la empresa cuente con una metodología interna para administrar dichas equivalencias.
El segundo punto es la revisión de los BOMs relacionados con desperdicios. Si bien para algunas empresas la generación de BOMs para este tipo de operaciones forma parte de su proceso habitual, muchas otras administran los desperdicios mediante almacenes virtuales dentro de sus sistemas de Anexo 24. Bajo este esquema, los desperdicios se acumulan y posteriormente se relacionan con una factura o documento de salida para efectuar las descargas correspondientes.
El problema surge cuando, durante una revisión, la autoridad solicita un BOM que permita identificar el consumo o la generación del desperdicio, ya que no todos los sistemas están configurados para producir este tipo de reporte. Esto puede dificultar que las empresas acrediten la trazabilidad de los desperdicios mediante la estructura de información solicitada, aun cuando cuenten con registros de su generación y destino.
El tercer punto es la validación de los factores de consumo. Aunque este tipo de revisión ya se había presentado en años anteriores, durante este año hemos observado que se realiza con mayor frecuencia. La validación consiste en multiplicar la cantidad exportada por el factor de consumo establecido en el BOM y comparar el resultado contra la cantidad efectivamente descargada en el sistema de Anexo 24.
Adicionalmente, la autoridad está prestando especial atención a las unidades de medida y a la congruencia de los consumos. Por ejemplo, cuando una materia prima se administra en piezas, puede cuestionarse que el BOM establezca un consumo fraccionado de 0.50 piezas de una pantalla por cada unidad de producto terminado, especialmente cuando, por las características físicas del material y del proceso productivo, dicho consumo no parece razonable.
Este tipo de validaciones obliga a las empresas a revisar no solamente que los factores de consumo estén correctamente configurados, sino también que exista congruencia entre las unidades de medida, las cantidades descargadas y la realidad de sus procesos productivos.
Las revisiones de la autoridad están evolucionando hacia un análisis cada vez más detallado de la trazabilidad de las mercancías, lo que representa un reto importante para las empresas IMMEX, particularmente cuando los criterios de validación utilizados no coinciden con la lógica operativa de sus sistemas de Anexo 24.
En este contexto, es importante reconocer que una diferencia entre la información solicitada por la autoridad y la estructura de los reportes generados por el sistema no necesariamente implica que las operaciones se hayan realizado incorrectamente. Sin embargo, sí puede representar un riesgo cuando la empresa no cuenta con la documentación, los controles o las herramientas necesarias para explicar y acreditar cómo se efectuaron las descargas.
Por ello, el verdadero desafío ya no consiste únicamente en mantener información correcta dentro del Anexo 24, sino en garantizar que las empresas puedan demostrar la trazabilidad de sus operaciones, justificar sus consumos y respaldar la metodología utilizada ante cualquier revisión de la autoridad.
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