La Certificación IVA e IEPS atraviesa una etapa de transformación en sus mecanismos de supervisión y control, dado que inicialmente parecía una obligación administrativa para informar sobre la incorporación de nuevas mercancías a los procesos productivos de las empresas IMMEX ha evolucionado hacia un esquema en el que la autoridad aduanera está evaluando la correspondencia entre las fracciones arancelarias declaradas, las actividades productivas manifestadas y las mercancías que efectivamente forman parte de la operación.
Esta situación ha cobrado especial relevancia con la emisión de los recientes oficios de renovación del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas (RECE), modalidad IVA e IEPS, en los cuales la autoridad ha comenzado a identificar fracciones arancelarias que considera vinculadas con los procesos productivos de las empresas y otras que, bajo su análisis, no fueron consideradas.
El resultado ha generado incertidumbre entre las empresas certificadas, particularmente cuando las mercancías excluidas continúan utilizándose en sus operaciones. Sin embargo, el tema trasciende una simple diferencia de fracciones arancelarias, por lo que nos hemos encontrado frente a un cambio importante en la manera en que las empresas deberán acreditar la relación entre sus importaciones temporales, sus procesos productivos y la procedencia de los beneficios fiscales asociados a su certificación.
1. Antecedentes
Para comprender el escenario actual, es necesario remontarnos a las modificaciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas en octubre de 2024, a partir de estas modificaciones, la regla 7.2.1., fracción X, incorporó una obligación para las empresas certificadas que requirieran importar mercancías adicionales a las señaladas en la descripción de sus procesos productivos o de prestación de servicios presentada durante su inscripción al RECE.
La disposición estableció la presentación del aviso correspondiente, conforme a la ficha de trámite 62/LA, con al menos treinta días de anticipación a la primera importación de dichas mercancías. Esta obligación introdujo un elemento importante: la necesidad de mantener actualizada la información de las mercancías relacionadas con los procesos productivos previamente manifestados ante la autoridad.
Así mismo, AGACE introdujo a que toda aquella empresa certificada informara las fracciones arancelarias utilizadas históricamente, habilitando mecanismos para su presentación a través de la Ventanilla Única.
En ese momento, la principal preocupación de las empresas consistía en identificar sus fracciones históricas, actualizar las clasificaciones arancelarias, relacionar los NICO correspondientes y presentar correctamente la información.
No obstante, los recientes oficios de renovación han evidenciado que la presentación del aviso no necesariamente implica que la autoridad considere acreditada la vinculación de todas las mercancías con el proceso productivo declarado, por ello mismo, es ahí donde precisamente comienza el verdadero desafío.
2. Implicaciones operativas
Otro aspecto relevante ha sido la modificación del plazo establecido en la regla 7.2.1., fracción X. Mientras que la redacción de 2024 contemplaba la presentación del aviso al menos treinta días antes de la primera importación, la disposición vigente en 2026 establece un plazo de al menos un mes previo. Aunque lo anterior pudiera parecer una diferencia menor, jurídicamente no lo es, toda vez que el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación establece reglas específicas para el cómputo de plazos.
Cuando estos se fijan en días, por regla general no se consideran sábados, domingos ni determinados días inhábiles. En cambio, cuando se establecen por meses, el cómputo se realiza de fecha a fecha, conforme a las disposiciones aplicables.
En términos operativos, treinta días hábiles podían representar aproximadamente seis semanas calendario, e incluso un periodo mayor dependiendo de los días inhábiles involucrados.
La modificación a un mes representa, por tanto, una diferencia importante para la planeación de las importaciones. Sin embargo, permanece un reto importante para aquellas empresas IMMEX que participan en cadenas de suministro internacionales caracterizadas por cambios constantes de ingeniería, incorporación de nuevos componentes, modificaciones de materiales y necesidades inmediatas de abastecimiento.
Por ello, aun con la modificación del plazo, la anticipación en la identificación de nuevas mercancías debe convertirse en una actividad permanente de cumplimiento y no en una reacción posterior a la programación de una importación.
3. De la obligación de informar a la evaluación de los procesos productivos
Estos escenarios generaron una pregunta primordial para la industria: ¿La autoridad está evaluando únicamente el cumplimiento de una obligación informativa o está realizando una valoración sustantiva sobre las mercancías que pueden beneficiarse de la Certificación IVA e IEPS? Durante 2026, los oficios de renovación de la Certificación IVA e IEPS han dejado en evidencia un cambio importante en la actuación de AGACE. La autoridad no se está limitando a verificar la presentación de los avisos de adición de fracciones arancelarias, sino que está realizando una valoración sobre su vinculación con los procesos productivos o de servicios declarados por las empresas IMMEX.
Como hemos informado anteriormente, esta revisión ha derivado en diversos escenarios: fracciones históricamente declaradas que no fueron consideradas, omisiones de mercancías previamente reportadas, clasificaciones derogadas e incluso contradicciones dentro de los propios oficios de renovación.
Sin embargo, más allá de estas inconsistencias, el punto de mayor trascendencia es que la autoridad está determinando bajo su criterio qué mercancías considera vinculadas con las actividades de las empresas para efectos de su Certificación IVA e IEPS, lo que puede repercutir directamente en la aplicación de los beneficios fiscales correspondientes.
Esto nos lleva a una cuestión jurídica de fondo: ¿hasta dónde llega el alcance de la obligación de informar prevista en la regla 7.2.1., fracción X, y cuáles son los efectos de la valoración que realiza la autoridad sobre las mercancías declaradas?
Si bien las empresas tienen la obligación de informar sobre la incorporación de mercancías adicionales a sus procesos productivos, resulta indispensable distinguir dicha obligación de los efectos jurídicos derivados de una determinación administrativa que no reconoce su vinculación con las actividades manifestadas.
En este contexto, también debemos tener presente que la clasificación arancelaria, por sí sola, no permite determinar la función que desempeña una mercancía dentro de un proceso productivo. Una misma fracción puede comprender mercancías con aplicaciones distintas, dependiendo de la naturaleza de las operaciones de cada empresa.
Por ello, es importante que la valoración de AGACE no se limite a la descripción arancelaria de las mercancías, sino que también tome en cuenta su naturaleza, función, utilización efectiva y relación con las actividades autorizadas al amparo del Programa IMMEX que realmente tienen dentro de los procesos productivos de cada empresa, especialmente cuando se trata de operaciones industriales complejas, con distintas líneas de producción o actividades de manufactura y servicios.
4. Nuevas precisiones de la CAAAREM
El 10 de noviembre de 2026, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) emitió la Circular G-0272/2026, denominada Certificación IVA e IEPS | Precisiones y recomendaciones. Dicho documento, emitido en seguimiento a la Circular de Prevención T-0209/2026 y derivado de una reunión con autoridades de comercio exterior, contiene elementos relevantes para las empresas certificadas y sus agentes aduanales.
· Aclaraciones por fracciones rechazadas o no incluidas
CAAAREM señala que, cuando existan fracciones arancelarias rechazadas o no incluidas en el oficio de renovación, deberá presentarse un escrito de aclaración ante AGACE, para ello, hace referencia al artículo 8 constitucional, los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.2.2. de las RGCE. Dicha aclaración deberá acompañarse de documentación que acredite la incorporación de las mercancías al proceso productivo o de servicios y, cuando corresponda, las autorizaciones previas aplicables.
· ¿Qué sucede cuando la plataforma no permite volver a presentar una fracción?
La Confederación también identifica una problemática operativa que las empresas han enfrentado: la imposibilidad de volver a cargar determinadas fracciones previamente rechazadas o no aprobadas. Como alternativa, comunica un procedimiento consistente en solicitar a soporte técnico de VUCEM la eliminación de los registros correspondientes y, posteriormente, presentar un nuevo aviso de adición de fracciones. Si bien, este mecanismo resulta relevante, aunque debe distinguirse entre la atención de una limitación tecnológica y la resolución jurídica de fondo sobre la procedencia de los beneficios de la certificación, toda vez que la eliminación de un registro para permitir una nueva transmisión no debe interpretarse, por sí misma, como una autorización de la mercancía.
· Aplicación de los beneficios de la Certificación IVA e IEPS
CAAAREM comunica que los beneficios fiscales únicamente podrán aplicarse respecto de mercancías cuyas fracciones se encuentren expresamente incluidas en el oficio de renovación o, en su caso, en el oficio emitido con motivo de la aclaración correspondiente. Aun así, el propio documento también contempla las operaciones relacionadas con avisos de adición presentados después de la renovación. En estos casos, señala que los agentes aduanales podrán realizar las importaciones siempre que verifiquen que las mercancías fueron manifestadas en el aviso y forman parte del proceso productivo de la empresa.
La Confederación indica que este criterio también resulta aplicable a empresas que todavía no cuentan con su oficio de renovación y a aquellas que no se encuentran en dicho periodo. Esta precisión es particularmente importante porque permite distinguir entre las fracciones evaluadas en una renovación y las mercancías incorporadas posteriormente mediante los avisos correspondientes.
5. Acreditar la vinculación con el proceso productivo
Más allá de las aclaraciones administrativas, consideramos que el aspecto de mayor trascendencia para las empresas IMMEX es la necesidad de fortalecer la documentación de sus procesos productivos.
Históricamente, muchas empresas han concentrado sus esfuerzos de cumplimiento en aspectos como la correcta clasificación arancelaria, el control de inventarios, los plazos de permanencia y la transmisión de información a los sistemas correspondientes y aunque todos ellos continúan siendo fundamentales, el escenario actual exige incorporar una dimensión adicional, la cual es demostrar fehacientemente la relación funcional entre las mercancías importadas y las actividades productivas o de servicios realizadas en México.
Para tal efecto, conviene contar con información que permita identificar:
1. Las actividades productivas o de servicios efectivamente realizadas en cada establecimiento.
2. Las etapas que integran los procesos productivos.
3. Las materias primas, componentes, materiales auxiliares, maquinaria y demás mercancías utilizadas.
4. La función específica que desempeña cada mercancía dentro de las actividades.
5. La relación entre las mercancías importadas, los productos elaborados y los servicios prestados.
6. La evidencia documental, técnica y operativa que respalde dicha relación.
En este sentido, los diagramas de flujo, las listas de materiales, las órdenes de producción, las fichas técnicas, los registros de consumo y las evidencias fotográficas pueden constituir elementos relevantes para sustentar la operación, teniendo presente que el objetivo de recabar esta información no es el generar documentación innecesaria, sino construir una trazabilidad verificable. La empresa debe estar en condiciones de demostrar no solamente qué importa, sino para qué lo importa, dónde lo utiliza y cómo participa esa mercancía en las actividades autorizadas.
6. Esquema de importación temporal de mercancías y su tratamiento fiscal
Ante las recientes comunicaciones de la autoridad, resulta indispensable distinguir dos figuras jurídicas relacionadas, pero diferentes.; El Programa IMMEX permite realizar determinadas operaciones de importación temporal conforme a las disposiciones que regulan dicho programa. Por otro lado, la Certificación IVA e IEPS permite acceder, bajo las condiciones legalmente establecidas, al mecanismo de crédito fiscal aplicable a determinadas importaciones temporales.
En consecuencia, es indispensable hacer hincapié en que una fracción arancelaria que no haya sido considerada para efectos de la certificación no significa necesariamente que la mercancía esté prohibida para su importación temporal al amparo del Programa IMMEX.
Pese a lo anterior, tampoco significa que pueda seguir utilizándose automáticamente el crédito fiscal correspondiente, confundir ambos regímenes puede generar decisiones operativas incorrectas. Por ello, es importante analizar cada caso considerando los antecedentes de los avisos presentados, la naturaleza y utilización de las mercancías, así como los términos de la resolución emitida, a fin de determinar el tratamiento fiscal aplicable y, cuando corresponda, las acciones de aclaración necesarias ante la autoridad.
7. País de origen y mercancías sensibles
La circular de CAAAREM también incorpora precisiones sobre otros aspectos que pueden impactar la administración de los avisos.
· País de origen
Cuando las mercancías clasificadas en una misma fracción provengan de diferentes países de origen, la Confederación comunica que deberá declararse en el aviso el país que represente el mayor volumen de operaciones. Asimismo, señala que no sería necesario presentar un nuevo aviso por cada variación en el origen de las mercancías. Esta precisión puede simplificar la administración de los avisos en empresas que mantienen cadenas de suministro diversificadas.
No obstante, debe recordarse que el país declarado en un aviso de adición de fracciones no sustituye las obligaciones de determinar y declarar correctamente el origen de las mercancías en cada operación aduanera.
· Mercancías sensibles
Respecto de mercancías sensibles, CAAAREM señala que, cuando exista una autorización previa conforme a la ficha 118/LA, no sería necesario solicitar una nueva autorización para mercancías adicionales que guarden relación con las previamente autorizadas, debiendo presentarse el aviso correspondiente conforme a la ficha 62/LA.
En este sentido, las empresas deberán verificar que las mercancías que pretendan importar se encuentren comprendidas en los supuestos aplicables y que las autorizaciones previamente otorgadas amparen efectivamente dichas operaciones, considerando su alcance y las condiciones bajo las cuales fueron emitidas.
8. ¿Qué implicaciones tiene este escenario para las empresas IMMEX?
Las implicaciones de estos nuevos criterios van más allá del cumplimiento de una obligación documental, ya que pueden repercutir directamente en la operación, las finanzas y la situación fiscal y jurídica de las empresas IMMEX.
Desde una perspectiva operativa, la exclusión de determinadas fracciones arancelarias puede generar complicaciones en la planeación de importaciones, el cierre de pedimentos consolidados y la continuidad de las cadenas de suministro, particularmente cuando se trata de mercancías indispensables para los procesos productivos.
En materia fiscal, la aplicación del crédito fiscal de IVA e IEPS respecto de fracciones no consideradas por la autoridad podría dar lugar a cuestionamientos sobre su procedencia y, dependiendo de las circunstancias de cada caso, derivar en la necesidad de efectuar correcciones, pagar contribuciones omitidas, actualizaciones y recargos, así como enfrentar posibles multas y demás sanciones previstas en la legislación aplicable.
Desde el punto de vista financiero, la imposibilidad de aplicar el beneficio fiscal a determinadas mercancías puede representar un impacto importante en el flujo de efectivo, especialmente para aquellas empresas que mantienen volúmenes elevados de importaciones temporales. Finalmente, en el ámbito jurídico, los oficios de renovación que contienen exclusiones, omisiones o inconsistencias requieren una revisión puntual de su fundamentación, motivación y alcance, a fin de identificar las vías de aclaración o defensa que correspondan y prevenir posibles contingencias.
Por lo anterior, no todas las fracciones no consideradas representan el mismo nivel de riesgo ni requieren necesariamente las mismas acciones. Cada situación deberá evaluarse de manera individual, tomando en cuenta los antecedentes de la empresa, las mercancías involucradas y los efectos que la determinación de la autoridad pudiera tener sobre sus operaciones.
El cumplimiento debe evolucionar al mismo ritmo que la supervisión
Las recientes actuaciones de AGACE y las precisiones comunicadas por CAAAREM dejan ver que la revisión de las fracciones arancelarias y su vinculación con los procesos productivos está tomando mayor relevancia dentro de la Certificación IVA e IEPS.
Si bien entendemos la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión, también consideramos necesario que las empresas cuenten con certeza jurídica respecto de las mercancías que pueden operar al amparo de los beneficios de su certificación, particularmente cuando las determinaciones de la autoridad pueden tener consecuencias fiscales y operativas importantes.
En este sentido, recientemente obtuvimos una respuesta favorable por parte de AGACE, derivada de una aclaración presentada respecto de diversas fracciones arancelarias que no habían sido consideradas en un oficio de renovación. Después de revisar los avisos presentados y la documentación complementaria, la autoridad reconoció su vinculación con los procesos productivos y determinó procedente su incorporación a la certificación.
Este antecedente es importante porque demuestra que una fracción inicialmente no considerada no necesariamente representa una exclusión definitiva y que, cuando se cuenta con los elementos suficientes para acreditar su utilización dentro de los procesos productivos, existen vías para solicitar que la autoridad reconsidere su determinación.
Un aspecto que llamó particularmente nuestra atención fue el énfasis que AGACE dio a la descripción de los procesos productivos, así como a la identificación de las mercancías, las etapas en las que intervienen y su trazabilidad desde el ingreso al territorio nacional hasta su destino final. Esto nos confirma la importancia de que las empresas mantengan actualizada esta información y, sobre todo, que refleje lo que realmente sucede en sus operaciones.
Cabe precisar que, aun cuando la autoridad reconozca la incorporación de determinadas fracciones a la certificación, ello no exime a las empresas del cumplimiento de sus demás obligaciones fiscales y aduaneras ni limita las facultades de comprobación del SAT.
Por nuestra parte, consideramos que las empresas IMMEX no deben limitarse a revisar las fracciones reconocidas en sus oficios de renovación, sino aprovechar este momento para evaluar qué tan bien documentados se encuentran sus procesos productivos y si existe una vinculación clara con las mercancías que importan.
Finalmente, no debemos perder de vista que las empresas IMMEX operan en un entorno de constantes cambios de ingeniería, materiales, proveedores y procesos de producción. Por ello, si bien es necesario cumplir con las obligaciones de información y control, también resulta fundamental que los criterios de la autoridad brinden certeza y sean congruentes con la dinámica de las operaciones de comercio exterior.
Hoy, más que nunca, no basta con tener las fracciones arancelarias declaradas ante la autoridad; es necesario contar con el sustento que permita demostrar su relación con los procesos productivos y defender, cuando corresponda, la procedencia de los beneficios de la Certificación IVA e IEPS.
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