El camino legislativo de la reforma arancelaria
Parte I – El antecedente completo de una reforma que nunca se detuvo
Antecedente previo: el origen de la iniciativa para reformar la LIGIE
Antes de que se anunciara la prórroga legislativa que dio una aparente señal de calma a los sectores productivos, el proceso de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) ya se encontraba en marcha.
El 8 de septiembre de 2025, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, remitió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la Tarifa de la LIGIE, como parte de un paquete arancelario orientado a la protección de la industria nacional y el empleo. La propuesta contemplaba ajustes en 1,463 fracciones arancelarias, abarcando tanto bienes finales como insumos, distribuidos en 17 sectores industriales estratégicos.
El planteamiento original se sustentó en tres argumentos centrales:
El desbalance estructural del comercio de México con Asia, donde el país importa aproximadamente 10 veces más de lo que exporta, particularmente desde economías con las que México no cuenta con tratados de libre comercio.
El incremento acelerado de importaciones en sectores sensibles, sin que estas se tradujeran en producción nacional ni generación proporcional de empleo.
La necesidad de reforzar la política industrial, elevar el contenido nacional, sustituir importaciones y alinear la política arancelaria con los objetivos del Plan México.
Desde su presentación, la iniciativa generó inquietud inmediata en múltiples sectores productivos, especialmente en industrias altamente integradas a cadenas globales de valor, como la automotriz y de autopartes, ante el impacto potencial en costos, insumos críticos y competitividad internacional.
Este contexto resulta clave para entender que la reforma nunca se detuvo; simplemente entró en una fase de ajuste político y técnico.
La prórroga que parecía dar certidumbre
El 3 de noviembre de 2025, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, mediante el cual se autorizó prorrogar la dictaminación de diversas iniciativas hasta la conclusión de la LXVI Legislatura, es decir, hasta el 31 de agosto de 2027.
Dentro del listado contenido en el Anexo 1 del Acuerdo se incluyó el Expediente 3874, correspondiente al Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la LIGIE, promovido por legisladores de Morena, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano.
El mensaje que recibió el sector productivo fue claro: los ajustes arancelarios no se materializarían en el corto plazo.
La prórroga no implicaba cancelación: implicaba tiempo político
Desde una perspectiva jurídica estricta, la prórroga no significó en ningún momento la cancelación del proyecto, sino únicamente la ampliación del plazo de análisis legislativo.
El Acuerdo Primero facultó a la Comisión para extender la dictaminación, mientras que el Acuerdo Segundo autorizó a la Presidencia de la Comisión a realizar las gestiones parlamentarias necesarias ante la Mesa Directiva. El Transitorio Único estableció su entrada en vigor inmediata.
En materia de política comercial, las prórrogas rara vez son sinónimo de abandono; suelen ser espacios de reconfiguración técnica, negociación sectorial y alineación política.
Presión industrial y renegociación del paquete arancelario
Entre septiembre y noviembre de 2025, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo entre la Secretaría de Economía, el Congreso de la Unión y asociaciones industriales de sectores clave.
Industria automotriz, autopartes, acero, aluminio, textil y otros sectores estratégicos manifestaron inconformidades técnicas respecto a la propuesta original, particularmente por el impacto en insumos críticos y cadenas de suministro altamente integradas.
Como resultado de este proceso:
Se eliminaron o ajustaron 123 fracciones arancelarias, a solicitud expresa de la industria nacional.
Se realizaron modificaciones sectoriales específicas.
Se mantuvo intacto el núcleo del paquete, conservando 1,463 fracciones arancelarias dentro del esquema final.
Lejos de diluirse, la iniciativa se fortaleció como política pública, ahora con ajustes derivados del consenso industrial.
El punto de quiebre: avance legislativo y aprobación
Contrario a la expectativa generada por la prórroga hasta 2027, el proceso legislativo se aceleró de manera significativa:
Miércoles 10 de diciembre de 2025: el proyecto avanzó formalmente en la Cámara de Diputados.
Viernes 12 de diciembre de 2025: fue aprobado por el Senado de la República.
El resultado final fue inequívoco: una reforma arancelaria de gran alcance, con entrada en vigor prevista para enero de 2026.
Conclusión
Finalmente, no se estuvo frente a una contradicción normativa, sino ante una transición política cuidadosamente administrada, en la que el proceso legislativo continuó avanzando de manera controlada. La prórroga concedida permitió abrir espacios de negociación, ajuste técnico y consenso con los sectores productivos, pero en ningún momento significó la suspensión ni el abandono de la reforma. Por el contrario, el desenlace confirma que la política arancelaria volvió a ocupar un lugar central dentro de la estrategia industrial del Estado mexicano, como instrumento para reordenar cadenas productivas, proteger a la industria nacional y redefinir las reglas del comercio exterior.
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